Desde la Xunta se ha puesto en marcha el primer Premio que busca reconocer el compromiso de las personas dentro de la Administración. Esta iniciativa, impulsada por la Conselleria de Economía, Empleo e Industria, a través de la Agencia Gallega de Innovación (GAIN), se enmarca en el Programa Innpulsa CPI, un plan integral que tiene como objetivo mantener a Galicia como referente en este ámbito a través del uso estratégico de la CPI y contemplando acciones de desarrollo de capacidades en la demanda pública, apoyo financiero a proyectos de CPI, implicación de la oferta tecnológica y difusión de la CPI a nivel internacional, destacando la organización del I Foro Iberoamericano de CPI e innovación abierta.
Se trata de un premio que busca reconocer, motivar e incentivar el trabajo y compromiso de las personas que participan de forma activa en los diferentes procesos de la innovación, y que día a día velan por hacer posible una Administración pública más eficiente moderna e innovadora.
En esta convocatoria podrán participar todos los empleados/as públicos de la Xunta de Galicia, tal y como se contempla en el Real decreto legislativo 5/2015, del 30 de octubre, por el cual se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto básico del empleado público. https://www.boe.es/boe_gallego/dias/2015/10/31/pdfs/BOE-A-2015-11719-G.pdf.
El premio cuenta con dos categorías para postularse:
Identificación de oportunidades:
dónde se premiará la identificación de oportunidades o retos de innovación dentro de la Administración. Los interesados/as en esta categoría deberán detallar y definir una problemática, así como argumentar la necesidad de resolución de la misma.Proyectos innovadores:
en esta categoría se premiarán proyectos innovadores ya realizados o en curso. En esta categoría se premiará a su vez dos aspectos por separado:Temática más innovadora: se premiarán aquellos proyectos con la temática más vanguardista e innovadora.
Mejor actitud innovadora: se premiarán a aquellas personas por su buen hacer dentro del proyecto, como, por ejemplo, en la innovación de procesos.
Las personas interesadas deberán detallar el proceso, exponer los puntos considerados fundamentales y justificar la innovación del proyecto.
Las postulaciones podrán hacerse de forma individual o grupal, siendo en esta última el mínimo de dos personas y máximo de cinco.
La presentación de candidaturas debe hacerse a través de la Sede Electrónica de la Xunta de Galicia) https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IN822D y el plazo estará abierto hasta el 7 de mayo de 2019.
Sin duda, esta convocatoria, supone un paso más dentro del compromiso de generar organizaciones públicas innovadoras capaces de prestar servicios de mayor calidad que satisfagan las necesidades de la ciudadanía, al tiempo que refuerzan el convencimiento de que son las personas el motor de la innovación en las organizaciones.
El Cabildo de Tenerife organizará durante los días 21-23 de marzo la tercera edición de Tenerife Smart Island, un evento destinado a fomentar el desarrollo y uso de las nuevas tecnologías. Este año el congreso se centrará en dos temas centrales: los edificios inteligentes, para conocer las innovadoras tendencias en el sector de la construcción, y la Compra Pública de Innovación (CPI), la nueva herramienta con la que la administración pública apoya el diseño de nuevos productos y servicios.
El día 21 será el elegido para hablar de las oportunidades de la CPI como herramienta de innovación, contando con la participación de Teresa Riesgo Alcaide – Directora General de investigación, desarrollo e innovación – Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, Philippe Le Quement – Policy Officer. DG Grow. Comisión Europea y Sandra Sinde, directora de CPI & Innovación abierta en IDOM.
El contenido de la ponencia de Sandra Sinde: CPI y Smart Island; Binomio de éxito, se orientará a presentar de manera dinámica e innovadora las ventajas que ofrece la CPI como herramienta para lograr el desarrollo estratégico de la Isla, al permitir contratar productos y servicios innovadores a medida.
La charla motivadora, se dividirá en tres partes: la primera abordará el concepto de la CPI, su relación con las políticas públicas de innovación y el desarrollo industrial, así como los beneficios que aporta. La segunda permitirá inspirar a través de la presentación de casos de éxito y, en la tercera se ofrecerán recomendaciones prácticas para tener éxito en el desarrollo de la CPI en Tenerife, en base a las experiencias internacionales vividas en primera persona.
Excelente oportunidad para acercarse a la CPI en un entorno único.
Más información del evento: http://smartislandtenerife.com/
El pasado jueves 7 de febrero se celebró en la Sede de la Ertzaintza en Erandio la Jornada de “Investigación e Innovación de la Ertzaintza”, donde se compartieron tanto las diferentes acciones de investigación e innovación puestas en marcha hasta la fecha por la institución, como los nuevos proyectos lanzados para 2019.
La Jornada contó con la participación de Iosu Alonso, Coordinador Proyectos Innovación Ertzaintza, quien protagonizó la bienvenida institucional y resaltó los principales resultados logrados tras la participación en los proyectos de innovación desarrollados en el marco del Programa de Financiación de Investigación e Innovación de la UE, H2020; en los que colaboran tanto cuerpos policiales, como administraciones, empresas y centros de investigación.
Como muestra de este marco colaborativo, fueron las propias empresas las que presentaron los resultados de estos proyectos de innovación ya desarrollados: ARIES (www.aries-project.eu) en el ámbito de la lucha contra el fraude de identidad; LETSCROWD (letscrowd.eu/) en referencia a la protección ciudadana en eventos masivos y ASGARD (www.asgard-project.eu/), que busca crear una comunidad que permita el análisis de datos brutos con el objetivo de desarrollar herramientas útiles encontrar rastros de actividades delictivas. También se presentaron las nuevas apuestas de innovación a través de proyectos como INGENIOUS (Toolkit modular para proteger a los emerency responder) y PREVISION (Prediction and Visual Intelligence for Security Information).
En este marco de innovación abierta, el equipo de Compra Pública de Innovación (CPI) de IDOM desarrolló una ponencia centrada en la importancia de la innovación pública y el papel de la CPI como instrumento de impulso a dicha innovación, al ser una herramienta complementaria a una estrategia de participación en proyectos de I+D y permitir una transformación de la entidad pública al enfocar al departamento de contratación hacia la innovación. Durante la intervención, se compartieron también experiencias de otras entidades públicas que ya han visto en la CPI una forma de innovar en su manera de hacer innovación.
Al acto también asistieron Philippe Quevauviller de DG-HOME de la Comisión Europea, Marina Martínez García de CDTI y Ainara Ripa Centeno, de la Oficina de Proyectos Europeos del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA) quienes concluyeron la jornada mostrando las nuevas oportunidades de participación en proyectos de innovación para el periodo restante del H2020.
La Diputación de Ourense en su afán de mejorar los servicios a la ciudadanía ha decidido adelantarse al futuro preparándose en el presente
mediante la realización de un Piloto de Compra Pública de Innovación (CPI), sumándose así a la tendencia de apostar a políticas de innovación desde la demanda, que sitúen al sector público como tractor.
Esta iniciativa, unida a la de “Provincia Inteligente” y al inminente lanzamiento del proyecto Smart Destinations “Hay un Ourense para ti. Descúbrelo”, situarán a Ourense nuevamente en la vanguardia de las administraciones públicas provinciales de España.
El principal objetivo del proyecto permitir que los empleados públicos de la administración adquieran los conocimientos necesarios para realizar procedimientos CPI, en línea con la nueva ley de contratación del sector público y que lo pongan en práctica con un proyecto concreto.
Los aspectos clave de este proyecto pionero en una administración local de Galicia son:
El proyecto se divide en varias fases, habiéndose realizado hasta la fecha dos talleres iniciales para la capacitación de los empleados públicos en el procedimiento CPI e identificación de necesidades para CPI.
En los próximos meses se realizarán nuevos talleres con el objetivo de:
Desde IDOM queremos agradecer a la Diputación de Ourense la confianza depositada en nosotros en su proceso de “cambio de chip” y felicitarlos por la actitud innovadora que están demostrando.
El municipio de Chichuahua está comprometido con la innovación y la mejora de la competitividad de la ciudad, para ello, actualmente está colaborando activamente en el proyecto Chihuahua Futura- CUU-, un Plan de Especialización Inteligente (RIS3) para la Ciudad de Chihuahua y Área Metropolitana, por medio del cual se busca dinamizar a los sectores estratégicos y potenciar al municipio. Este plan está liderado por DESEC- Desarrollo Económico de Chihuahua que ha confiado a IDOM su desarrollo.
Con el objetivo de visionar nuevas herramientas de política de innovación que puedan emplearse en la implementación de la estrategia de Chichuahua Futura se organizó un Taller de Compra Pública de innovación- CPI, para dar a conocer a las diferentes áreas del municipio el potencial de la herramienta.
De las conclusiones del Taller, todos los asistentes reconocieron que la herramienta tiene potencial de implementación en las comparas del municipio y se apuntaron como posibles áreas de oportunidad seguridad ciudadana, valorización de Residuos Sólidos Urbanos, alumbrado y generación de energía, servicios TICs para ciudadanos.
¡Gracias a todos los asistentes por su interés y entusiasmo en adentrarse en el mundo de la CPI!
Alu Circles, una iniciativa de CPP – Compra Pública Precomercial, hará esto posible. Hacen un llamamiento a todas las compañías de agua potable que producen lodos de aluminio para que se unan como parte de este consorcio internacional.
La Directiva 2014/24/UE sobre contratación pública, que tiene como uno de sus principales objetivos el establecimiento de un mercado único de contratación pública, dio un tímido impulso, entre otras cosas, a la inclusión en los procedimientos de contratación pública de criterios y condiciones conducentes al cumplimiento de los convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Sin embargo, no establece mecanismos por los cuales hacer efectivos esos principios, ni obligaciones específicas respecto de los estados miembros.
En el caso de España, la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, que traspuso al marco jurídico español la Directiva 2014/24/UE sobre contratación pública, incluye varias referencias a este aspecto en los artículos 89.1g) (como criterio voluntario de solvencia técnica), 127.2 (como exigible de forma voluntaria en contrataciones como criterio de valoración o requisito) y 202.2 (como exigible de forma voluntaria en contrataciones como condición especial de ejecución).
Todas las referencias al cumplimiento de convenios fundamentales de la OIT que incluye la Ley 9/2017 no solo son voluntarias, sino difícilmente asumibles en los procesos de contratación tanto por empresas como por la propia administración.
Las cadenas de valor actuales son globales, y pueden llegar a implicar a un importante número de agentes ubicados en diversos países. Considerando que los convenios fundamentales de la OIT son de alcance internacional, no muchas organizaciones pueden estar en posición de justificar el cumplimiento real y efectivo de los mismos. Ello considerando que, para que dicho cumplimiento fuese real, las empresas deberían tener un procedimiento de certificación que abarcase toda la cadena de valor, fuese verificable e inalterable.
Es en este punto cuando entra en juego la innovación como respuesta ante la carencia de los procedimientos actuales para responder a los objetivos que una organización, en este caso la administración pública, declara. Es una práctica común que el marco normativo comunitario incluya grandes declaraciones de intenciones plasmadas en directivas que ofrecen pocas soluciones, quedándose en la voluntariedad de los estados miembros. Si existe una intención real de asegurar que los procesos de contratación pública que se llevan a cabo en la Unión Europea respetan los convenios fundamentales de la OIT a lo largo de toda la cadena de valor, con todas las consecuencias que ello implica para los países en vías de desarrollo, se deberían buscar cauces apropiados para conseguir ese fin.
Blockchain puede ser la tecnología que de una adecuada respuesta a ese objetivo. Uno de sus ámbitos de aplicaciones más manidos es la gestión de cadenas de suministro. De hecho, esta tecnología se ha propuesto como elemento clave en la mejora de la logística de la mayor empresa de comercio marítimo de contenedores así como posible solución para luchar contra el comercio de diamantes de sangre.
En ambos casos, la confiabilidad, descentralización, transparencia, eficiencia y agilidad que ofrece blockchain lo hacen indicado para diferentes aplicaciones relacionadas con la certificación de cadenas de logística. Es precisamente a través de la certificación de toda la cadena de valor como se puede hacer que estas sean transparentes y, por extensión, supervisables. La aportación que hace blockchain en este escenario es que las Administraciones Públicas que tengan acceso a esa cadena de suministro no tendrían que depositar su confianza en la palabra de una empresa o en auditoría difícilmente verificable, sino en las propiedades matemáticas de los algoritmos vinculados a la tecnología. Adicionalmente, al tratarse de cadenas de suministros transparentes en tiempo real, serían mucho más sencillas de supervisar de forma eficiente. En todo caso, tan solo serían adecuadas a efectos de asegurar el cumplimiento de los convenios fundamentales de la OIT si incluyen toda la cadena de suministro completa extremo a extremo y cumplen ciertos requisitos que permitan su validación por parte de la propia administración.
Este razonamiento que hemos expuesto para el caso del cumplimiento de convenios fundamentales de la OIT podría ser extensible a otros ámbitos como la sostenibilidad medioambiental, tanto en el contexto de la contratación pública como de la responsabilidad social corporativa.
En el primer caso las administraciones públicas, tanto a nivel nacional como comunitario, podrían optar por tres alternativas no necesariamente incompatibles:
Es en el segundo punto en donde se podría pensar en establecer una plataforma blockchain abierta público-privada susceptible de ponerse en valor en muchos ámbitos (contratación pública, Smart Contracts, solicitud y concesión de permisos/licencias, lucha contra el fraude, supervisión del cumplimiento de diferentes normativas, certificación y transparencia de los procedimientos de contratación…).
En cuanto a la adopción de estas tecnologías en base a la responsabilidad social corporativa, se trataría de que las empresas interiorizasen de manera natural en su actividad las preferencias de los consumidores y la medida en que valoran determinados compromisos sociales o medioambientales. Si los consumidores valoran el uso de mecanismos que den certidumbre sobre el origen del producto o el impacto medioambiental del proceso mediante el cual se obtuvo, las empresas tendrán en cuenta esos parámetros como parte natural de su estrategia.
Tal y como se ha expuesto, la contratación pública no solo puede tener por objeto la estimulación de la demanda de soluciones innovadoras para el ejercicio de las competencias de los organismos públicos a través de herramientas como la compra pública de innovación, sino que los propios procedimientos de contratación devengan también soluciones innovadoras que den respuesta a los retos que en ellos se plantean, dando lugar a lo que podríamos llamar meta-CPI, demanda pública de innovación para su aplicación en el marco de la contratación pública.
El pasado 11 de diciembre de 2018, se desarrolló en Medellín, el evento de presentación de resultados del Laboratorio de Innovación en Gobierno para su primera cohorte de acompañamiento, ejecutada entre el último semestre de 2017 y el primero de 2018. Durante este periodo, IDOM como aliado estratégico de Ruta N, estructuró la metodología de trabajo y realizó el acompañamiento a 10 secretarías de la Alcaldía de Medellín en la implementación del proceso de innovación pública, dentro del cual se definieron 10 retos de innovación, se identificaron 98 posibles soluciones en el ecosistema empresarial de la Región en un proceso de innovación abierta y se seleccionaron 4 proyectos para ser financiados en el desarrollo de una prueba piloto en ambientes reales.
Los 4 proyectos pilotos, fueron desarrollados y testeados para obtener un producto mínimo viable que permitiera validar si la solución propuesta realmente daría respuesta satisfactoria a la problemática planteada en cada Secretaría. Durante 4 meses de trabajo, se acompañó al equipo solucionador, en la implementación del plan de trabajo para desarrollo de la prueba piloto, obteniendo aprendizajes y resultados altamente satisfactorios, obteniendo proyectos listos para ser escalados a un mayor alcance.
Conoce los resultados del trabajo realizado para cada uno de 4 proyectos piloto seleccionados en la primera cohorte del Laboratorio. Estos, son una muestra del valor e impacto que genera la innovación y el compromiso de las personas, en el sector público para el beneficio de los ciudadanos.
DISMINUIR LA EVASIÓN DE IMPUESTOS ASOCIADA A LAS VENTAS POR INTERNET: EL RETO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA
EVITAR EL RECLUTAMIENTO DE MENORES EN BANDAS CRIMINALES: EL RETO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD
REDUCIR EL ACOSO CALLEJERO: EL RETO DE LA SECRETARÍA DE MUJERES
RETO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN – PILOTO EN DESARROLLO
Actualmente el Laboratorio de Innovación, acompaña, en su segunda cohorte, a 8 nuevas entidades públicas que también recibieron el acompañamiento en la implementación del proceso de innovación pública. En el evento de socialización de los resultados de la primera cohorte, se presentaron también los 4 proyectos ganadores de la segunda cohorte, que serán desarrollados durante el primer semestre de 2019.
¡El Laboratorio de Innovación en Gobierno de Ruta N, una gran apuesta, cuyos resultados dan cuenta de que vale la pena creer en que se puede transformar lo público, a partir de la innovación!
En un mundo en constantes transformaciones, hasta el mismo concepto de competitividad se reinventa; De acuerdo con el Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés), -promotor del Ranking Global de Competitividad-, los territorios y sus economías se enfrentan a grandes desafíos, generados principalmente por el cambio tecnológico y la 4ta Revolución Industrial.
Para enfrentar dichos retos, los territorios deben fortalecer pilares fundamentales como sus entornos habilitantes, su capital humano, la disrupción de mercados y el fortalecimiento de sus ecosistemas de innovación, a través del desarrollo de habilidades como la flexibilidad, la resiliencia e innovar, siempre pensando en la calidad de vida ciudadanos. De igual manera el WEF ha identificado que la mayoría de los países tienen una gran brecha entre la producción de sus innovaciones y la comercialización de estas.
En los primeros puestos del ranking de competitividad 2018 realizado por el WEF, se ubican los Estados Unidos, Singapur, Alemania, Suiza y Japón, como líderes en entender dichos retos y asimilar estas transformaciones; en el caso de Latinoamérica, puntea Chile (puesto 33 a nivel mundial) y le siguen México (46), Uruguay (53), Costa Rica (55) y Colombia (60), respectivamente.
Chile ha entendido muy bien desde hace unos años, que, para incrementar su competitividad a nivel local y global, la innovación debe ser una de sus mayores apuestas y que el Estado juega un rol clave en el incentivo a la innovación privada y este tiene una responsabilidad ineludible en la incorporación de innovaciones en los servicios públicos para mejorar la calidad de atención a los ciudadanos, en los diferentes ámbitos del alcance del mismo Estado.
Por esto desde el año 2014 creó su Laboratorio de Gobierno, una iniciativa compuesta por un equipo multidisciplinario, con un directorio interministerial del Gobierno de Chile, y con un Grupo Asesor Experto del mundo privado, la sociedad civil y el sector público, el cual tiene como principal propósito desarrollar, facilitar y promover procesos de innovación centrados en los usuarios dentro de las instituciones del Estado chileno; desde este año se han desarrollado más de 114 proyectos que han transformado la economía y el modelo empresarial, social y ambiental del país.
Una de las principales problemáticas identificadas al lanzar el Laboratorio de Gobierno fue que las instituciones estatales y privadas, tenían mecanismos de compra tradicionales, que limitaban la producción de innovaciones transformacionales, haciéndose casi imposible encontrar productos y servicios que solucionaran eficientemente las problemáticas identificadas (Se identificó que el gobierno conocía solo el 3% de las soluciones ofrecidas por el mercado para resolver sus problemáticas.); de igual manera encontraron que las compras realizadas por las entidades estatales no estaban centradas realmente en las necesidades de sus usuarios y que buena parte de las compras realizadas por el gobierno eran sub-utilizadas y no generaban retornos de inversión (Chile está gastado anualmente $13.000 millones de dólares a través de su sistema de compras públicas).
Partiendo de estas problemáticas, el Laboratorio de Gobierno de Chile, identificó que las compras públicas tenían una gran oportunidad de ser gestionadas, por un lado identificando soluciones más innovadoras que generarán mayor valor al solucionar problemas públicos sectoriales o transversales, y por otro, utilizando el gasto en compra pública, como una palanca para fomentar la innovación privada y el crecimiento de la economía local.
Como resultado de estos aprendizajes, el Laboratorio de Gobierno de Chile, desarrolló el manual: “Directiva de innovación para las compras públicas, ¿Cómo podemos innovar en el proceso de Compra Pública?”, un documento que sistematiza toda la experiencia de implementación de Compra Pública Innovadora en sus instituciones, para fomentar la adquisición de productos y servicios innovadores que solucionaran problemáticas públicas en el país.
La Directiva de innovación para las compras públicas, promueve buenas prácticas para implementar un proceso CPI en entidades y territorios, comparte un manual de herramientas utilizadas por el Laboratorio de Gobierno para dinamizar la CPI en diferentes organizaciones, e incluso nos muestra en qué casos la CPI ha sido una herramienta dinamizadora de innovación territorial, maximizando los beneficios de retorno de inversión, mejorando los procesos de entidades estatales, fortaleciendo el ecosistema de innovación en Chile y generando soluciones disruptivas, que permitieron cerrar brechas tecnológicas en territorios y organizaciones, siempre basados en las necesidades de sus usuarios.
Conocer casos como este, nos hace pensar que para afrontar grandes retos como lo son los cambios tecnológicos y la 4ta Revolución Industrial, debemos #CambiarElChip y fomentar la innovación abierta y la CPI como herramientas dinamizadoras de competitividad en gobiernos, territorios y organizaciones.
