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DESAFÍOS PARA PROMOVER LA CPI: DESDE LA PERSPECTIVA DEL SECTOR PÚBLICO Y DE LA OFERTA TECNOLÓGICA

DESAFÍOS PARA PROMOVER LA CPI: DESDE LA PERSPECTIVA DEL SECTOR PÚBLICO Y DE LA OFERTA TECNOLÓGICA

El uso de la contratación pública para estimular la innovación del sector privado continúa siendo un tema muy debatido.

Nos referimos a la adquisición de bienes y servicios por parte del gobierno o de organizaciones del sector público. Esta práctica es, ante todo, un vehículo que permite a las organizaciones del sector público desempeñar sus funciones y prestar servicios clave de manera eficaz. A pesar de ello, un creciente grupo de académicos y policy makers de la OCDE ha reconocido que, al comprar productos y soluciones innovadores, el sector público no solo puede ofrecer servicios de manera más efectiva y eficiente, sino que también puede influir en las actividades de innovación de las empresas privadas. La contratación pública de innovación se ha asociado con instancias en las que los organismos públicos actúan para comprar, o realizar un pedido de, un producto-servicio, bien o sistema que no existe en ese momento pero que podría desarrollarse dentro de un período razonable; es decir, que requiere un trabajo innovador para satisfacer las demandas del comprador. Esto contrasta con la “compra regular”, en la que los gobiernos realizan pedidos de productos “listos para usar”.

Un creciente interés en el uso de la contratación pública para impulsar la innovación, y en las llamadas políticas de innovación del lado de la demanda en general, surge como resultado de la percepción de un fracaso relativo de las políticas tradicionales para fomentar la innovación desde oferta.

Los expertos en innovación han proporcionado evidencia empírica del impacto en la innovación de la contratación pública en relación con los instrumentos tradicionales de política de innovación. Por ejemplo, descubrieron que las compras tenían más probabilidades de generar innovaciones que las subvenciones de I + D. Se revisaron una serie de innovaciones que surgieron de la contratación pública y se concluyó que, siempre que se cumplieran ciertas condiciones, la adquisición era un medio eficaz para estimular la innovación. Al comparar los efectos de las compras con otros instrumentos (regulación, subvenciones de I + D e investigación universitaria) sobre las actividades de innovación de las empresas, se encontraron que tanto la contratación pública como la provisión de infraestructura de conocimiento en las universidades tienen efectos en el éxito de la innovación. Utilizando los datos del Innobarómetro, se también observó que la contratación pública tuvo una mayor influencia en estimular el comportamiento innovador de las empresas que las subvenciones de I + D, pero los efectos más fuertes sobre la innovación ocurrieron cuando ambos instrumentos se combinaron.

En este sentido como podíamos leer en este blog y en palabra de Martín Gómez Rodríguez, Socio-Director de Bahía Software, la compra publica supone un medio eficaz  e incentivador para innovar ya que “incrementamos nuestra cartera de soluciones, con productos innovadores. Además, durante todo el proceso, hemos obtenido la suficiente confianza para afrontar nuevos retos innovadores y establecer redes de colaboración y nuevos modelos de colaboración con empresas y entidades públicas.”, llegando a multiplicar por siete su inversión en I+D en los últimos tres años.

A pesar de este trabajo, pocos estudios han investigado en detalle las condiciones o mecanismos específicos dentro de la contratación pública que realmente conducen a la innovación o la obstaculizan. Dada la multitud de prácticas y procedimientos involucrados en el proceso de compra, lo importante para el diseño e implementación de políticas no es tanto si puede influir en la innovación sino cómo y bajo qué condiciones podría tener lugar ese impacto.

Las barreras para una implementación efectiva, que incluyen la organización, la regulación, las habilidades y la inherente aversión al riesgo del sector público son una realidad. Y cabe preguntarse ¿Cuáles son las principales barreras que impiden que el gobierno capte la innovación a través de la contratación pública?

Metcalfe y Georghiou (profesores de la universidad de Manchester) identifican cuatro dimensiones que apuntalan la innovación en las empresas: la conciencia del conjunto de oportunidades de innovación, las capacidades para aprovechar estas oportunidades, el conjunto de recursos que pueden ordenar para innovar y las estructuras de incentivos que recompensan la innovación. Las compras de innovación por parte de las administraciones públicas pueden influir en estas dimensiones y fomentar o dificultar la innovación de diferentes maneras; por ejemplo, mediante la agregación de contratos, la fijación de normas, el tratamiento de los derechos de propiedad intelectual, el compromiso con los proveedores para informar las especificaciones o la igualdad de condiciones mediante procedimientos de licitación. Varias barreras pueden, a su vez, evitar que el sector público “capte la innovación”. Estos incluyen alerta temprana inadecuada, falta de compromiso entre los compradores y proveedores, procesos de compra  demasiado prescriptivos, aversión al riesgo y deficiencias en la capacidad de adquisición.

La aversión al riesgo de las agencias públicas también se ha identificado como una barrera para la adquisición de innovación. La toma de decisiones en el sector público se ve afectada por las fuertes expectativas con respecto a la transparencia y la responsabilidad. En consecuencia, la gestión de riesgos en el sector público implica tener un proceso corporativo y sistemático para evaluar y abordar el impacto de los riesgos de una manera rentable y contar con personal con las habilidades adecuadas para identificar y evaluar el potencial de riesgos que surgen. La importancia de la gestión del riesgo aumenta cuando la propia I+D forma parte de la adquisición. Algunos países de la OCDE han introducido medidas para reducir la incertidumbre o compensar los riesgos percibidos de las innovaciones en la compra, por ejemplo, mediante la provisión de incentivos financieros (INNOCOMPRA, en España), garantías de seguros (el gobierno de Corea del Sur lanzó un plan de seguro de innovación que cubre pérdidas potenciales que surgen de proyectos de innovación fallidos. Fuente: www.oecd.org/sti/inno/43730075.pdf) y el uso de certificados de calidad.

Por otro lado, los compradores pueden ser reacios al riesgo y no estar dispuestos a adoptar nuevas soluciones, y los proveedores pueden ser reacios a invertir fuertemente en actividades de I+D+i e innovación si temen que no obtendrán el rendimiento necesario.

Incluso si el sector público exige innovación, es posible que no haya incentivos para que esa innovación se realice. Con el fin de proporcionar mayores incentivos a la innovación, los compradores pueden decidir agrupar recursos para proporcionar contratos más grandes (o más largos), armonizar y estandarizar los requisitos, o agregar la demanda, a través de por ejemplo compras cooperativas, que les permita explotar su poder adquisitivo a través de centrales de compras o redes de compras que les ofrezcan una experiencia crítica para la contratación pública de innovación, intercambios de buenas prácticas y aprendizaje mutuo. Asimismo, al ampliar el mercado para ciertos bienes, el sector público puede reducir la incertidumbre al garantizar un cierto retorno de la inversión asociado con el desarrollo de nuevos productos y procesos. Por el contrario, la fragmentación de la demanda pública puede limitar los posibles efectos de escala y así desalentar la inversión en innovación.

Por otro lado, la estructura de la licitación pública (particularmente el uso de grandes paquetes de contratos, o criterios de selección que privilegian el tamaño o la experiencia) puede reforzar las ventajas de grandes empresas y excluir a las PYMEs del mercado. Desglosar las licitaciones, ya sea en contratos más pequeños, por lotes o geográficamente, puede aumentar la participación de las PYMEs. Otras prácticas que permiten el acceso incluyen: simplificar los procedimientos de licitación reduciendo las cargas administrativas, ajustes de los criterios de selección, diseño de esquemas de financiación asequibles para las PYMEs, provisión de información a través de, por ejemplo, portales web y otras formas de notificación y mejorar el diálogo con las PYMEs a través de las consultas al mercado.

Como se ha hecho evidente hasta ahora, el uso intencional de la contratación pública para promover la innovación enfrenta una serie de desafíos. En nuestras manos está que no supongan un límite para el desarrollo óptimo de este nuevo esquema que contribuye al uso de nuevas herramientas para promover la innovación desde la demanda.

Laura Villaverde Soler

Consultora de Competitividad e Innovación en IDOM

laura.villaverde@idom.com

 

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