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META-CPI, DEMANDA PÚBLICA DE INNOVACIÓN PARA SU APLICACIÓN EN EL MARCO DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA

META-CPI, DEMANDA PÚBLICA DE INNOVACIÓN PARA SU APLICACIÓN EN EL MARCO DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA

Tecnologías como blockchain abren nuevas perspectivas para la contratación pública


La Directiva 2014/24/UE sobre contratación pública, que tiene como uno de sus principales objetivos el establecimiento de un mercado único de contratación pública, dio un tímido impulso, entre otras cosas, a la inclusión en los procedimientos de contratación pública de criterios y condiciones conducentes al cumplimiento de los convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Sin embargo, no establece mecanismos por los cuales hacer efectivos esos principios, ni obligaciones específicas respecto de los estados miembros.

En el caso de España, la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, que traspuso al marco jurídico español la Directiva 2014/24/UE sobre contratación pública, incluye varias referencias a este aspecto en los artículos 89.1g) (como criterio voluntario de solvencia técnica), 127.2 (como exigible de forma voluntaria en contrataciones como criterio de valoración o requisito) y 202.2 (como exigible de forma voluntaria en contrataciones como condición especial de ejecución).

Todas las referencias al cumplimiento de convenios fundamentales de la OIT que incluye la Ley 9/2017 no solo son voluntarias, sino difícilmente asumibles en los procesos de contratación tanto por empresas como por la propia administración.

Las cadenas de valor actuales son globales, y pueden llegar a implicar a un importante número de agentes ubicados en diversos países. Considerando que los convenios fundamentales de la OIT son de alcance internacional, no muchas organizaciones pueden estar en posición de justificar el cumplimiento real y efectivo de los mismos. Ello considerando que, para que dicho cumplimiento fuese real, las empresas deberían tener un procedimiento de certificación que abarcase toda la cadena de valor, fuese verificable e inalterable.

Es en este punto cuando entra en juego la innovación como respuesta ante la carencia de los procedimientos actuales para responder a los objetivos que una organización, en este caso la administración pública, declara. Es una práctica común que el marco normativo comunitario incluya grandes declaraciones de intenciones plasmadas en directivas que ofrecen pocas soluciones, quedándose en la voluntariedad de los estados miembros. Si existe una intención real de asegurar que los procesos de contratación pública que se llevan a cabo en la Unión Europea respetan los convenios fundamentales de la OIT a lo largo de toda la cadena de valor, con todas las consecuencias que ello implica para los países en vías de desarrollo, se deberían buscar cauces apropiados para conseguir ese fin.

Blockchain puede ser la tecnología que de una adecuada respuesta a ese objetivo. Uno de sus ámbitos de aplicaciones más manidos es la gestión de cadenas de suministro. De hecho, esta tecnología se ha propuesto como elemento clave en la mejora de la logística de la mayor empresa de comercio marítimo de contenedores así como posible solución para luchar contra el comercio de diamantes de sangre.

En ambos casos, la confiabilidad, descentralización, transparencia, eficiencia y agilidad que ofrece blockchain lo hacen indicado para diferentes aplicaciones relacionadas con la certificación de cadenas de logística. Es precisamente a través de la certificación de toda la cadena de valor como se puede hacer que estas sean transparentes y, por extensión, supervisables. La aportación que hace blockchain en este escenario es que las Administraciones Públicas que tengan acceso a esa cadena de suministro no tendrían que depositar su confianza en la palabra de una empresa o en auditoría difícilmente verificable, sino en las propiedades matemáticas de los algoritmos vinculados a la tecnología. Adicionalmente, al tratarse de cadenas de suministros transparentes en tiempo real, serían mucho más sencillas de supervisar de forma eficiente. En todo caso, tan solo serían adecuadas a efectos de asegurar el cumplimiento de los convenios fundamentales de la OIT si incluyen toda la cadena de suministro completa extremo a extremo y cumplen ciertos requisitos que permitan su validación por parte de la propia administración.

Este razonamiento que hemos expuesto para el caso del cumplimiento de convenios fundamentales de la OIT podría ser extensible a otros ámbitos como la sostenibilidad medioambiental, tanto en el contexto de la contratación pública como de la responsabilidad social corporativa.

En el primer caso las administraciones públicas, tanto a nivel nacional como comunitario, podrían optar por tres alternativas no necesariamente incompatibles:

  1. Promover la adopción voluntaria de cadenas de suministro basadas en blockchain por parte de las empresas.
  2. Poner a disposición de las empresas esta tecnología de forma abierta y voluntaria.
  3. Definir una hoja de ruta para la adopción obligatoria de la misma en un horizonte temporal razonable.

Es en el segundo punto en donde se podría pensar en establecer una plataforma blockchain abierta público-privada susceptible de ponerse en valor en muchos ámbitos (contratación pública, Smart Contracts, solicitud y concesión de permisos/licencias, lucha contra el fraude, supervisión del cumplimiento de diferentes normativas, certificación y transparencia de los procedimientos de contratación…).

En cuanto a la adopción de estas tecnologías en base a la responsabilidad social corporativa, se trataría de que las empresas interiorizasen de manera natural en su actividad las preferencias de los consumidores y la medida en que valoran determinados compromisos sociales o medioambientales. Si los consumidores valoran el uso de mecanismos que den certidumbre sobre el origen del producto o el impacto medioambiental del proceso mediante el cual se obtuvo, las empresas tendrán en cuenta esos parámetros como parte natural de su estrategia.

Tal y como se ha expuesto, la contratación pública no solo puede tener por objeto la estimulación de la demanda de soluciones innovadoras para el ejercicio de las competencias de los organismos públicos a través de herramientas como la compra pública de innovación, sino que los propios procedimientos de contratación devengan también soluciones innovadoras que den respuesta a los retos que en ellos se plantean, dando lugar a lo que podríamos llamar meta-CPI, demanda pública de innovación para su aplicación en el marco de la contratación pública.

 

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